Aprobado general

La presión formidable para que los profesores juzguen constantemente a los alumnos es la demostración del fracaso del sistema. Un profesor no debería juzgar, sino enseñar, porque toda evaluación es parcial e inexacta. No es solo la posibilidad de equivocarse, sino el propio poder de condenar o indultar el que resulta indecente; ¿quién nos ha dado ese derecho?; ¿podía haber hecho el alumno otra cosa?; ¿hubiera hecho yo otra cosa en su lugar?. De ahí la incomodidad que sienten los miembros de cualquier jurado y su tendencia a encontrar motivos para la absolución o atenuantes del ilícito, y la que sienten los profesores cuando tienen que poner las notas; en su actual diseño, el método de evaluación adolece de una flagrante arbitrariedad; a pesar de todos los controles que pretenden conseguir exámenes objetivos (la ingenuidad no conoce límites: ¿de verdad cree alguien que un test sirve para calibrar, no ya la educación de un alumno, sino sus conocimientos en una asignatura concreta?), el profesor sabe que acabará aprobando X y suspendiendo Y, y es ese conocimiento la única garantía de una evaluación justa. Uno no debería guiarse por lo que digan las pruebas objetivas, salvo cuando benefician al alumno, porque los exámenes, en el mejor de los casos, son groseros instrumentos de medida (como hacer un diagnóstico solo con una báscula). Ocurre además que toda la severidad y exigencia que suelen mostrarse ab extra (esas discusiones coloquiales en las que todos tenemos soluciones) acaba evaporándose cuando se empiezan a considerar casos individuales y se siente la responsabilidad, aunque sea trivial, de la decisión.